Castellanos, Joaquín s/recurso de hecho. Fallos, 136:147 (1922)

CASTELLANOS,  Joaquín s/juicio Político

CSJN, Fallos, 136:147

 

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1922

Suprema Corte:

El Dr. Joaquín Castellanos acude directamente a V.E. pidiendo se le conceda el recurso de apelación que el Senado de la provincia de Salta le ha denegado contra un fallo en que le destituye del cargo de Gobernador de esa provincia. El Dr. Castellanos cree que corresponde a V. E., la revisión de ese fallo porque decide cuestiones regidas por la Constitución Nacional y las resuelve en sentido contrario al derecho o título invocado por el recurrente.

El artículo 14 de la ley 48 da a la Corte Suprema competencia para revisar, en recurso extraordinario, la sentencias definitivas de los tribunales superiores de provincia cuando en el pleito se hayan discutido y decidido cierta cuestiones de derecho federal, y esa disposición, destinada a asegurar la supremacía de la Constitución de la Nación, tiene su origen en la legislación y derecho constitucional de los Estado Unidos.

Ni allí, ni aquí, ha sido aplicada fuera de las causas en que se discuten derechos individuales o de propiedad. Jamás se ha utilizado para dar a la Corte Suprema intervención alguna en las cuestiones políticas que ponen en conflicto a los poderes públicos de la Nación o de los Estados. Y entre nosotros, la Corte Suprema ha sido expresamente privada de intervenir en los conflictos de los poderes públicos de las provincias por la reforma de 1860, que suprimió esa atribución de entre las que daba a este tribunal la Constitución de 1853.

El tribunal superior de provincia ha que se refiere el artículo 14 de la ley 48, es el de justicia ordinaria. Una Cámara legislativa no tiene este carácter. El Senado de Salta no es tribunal de justicia. Sus decisiones jamás pueden ser consideradas como sentencias definitivas, como no lo serían las del Senado de la Nación, cuyo fallo según el artículo 52 de la Constitución, no tiene más efecto que destituir al funcionario acusado y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o sueldo de la Nación, quedando el destituido sujeto a acusación, juicio y castigo, conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios.

En consecuencia, opino que el recurso interpuesto es improcedente. JOSÉ NICOLÁS MATIENZO

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FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Buenos Aires, Abril 5 de 1922

El doctor don Joaquín Castellanos, invocando el artículo 14 de la ley número 48, recurre de hecho de la resolución tomada por el Senado de la provincia de Salta en el juicio político que ante el mismo se le ha  seguido en su carácter de Gobernador de aquella provincia.

Y considerando:

Que según la disposición citada de la ley de jurisdicción y competencia de 14 de septiembre de 1863: Una vez radicado un juicio ante los  tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción  provincial: y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales superiores de la provincia en los casos siguientes.

1º Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación  haya sido contra su validez.

2º Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia, se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.

3º Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio

Posteriormente en 1902 la ley 4055, en su artículo 6º hizo extensivo el recurso a las sentencias definitivas de las Cámaras Federales, Cámaras de Apelación de la Capital y tribunales superiores militares, en los casos previstos en el artículo 14 de la Ley 48.

Que ese recurso se refiere únicamente a las decisiones del poder judicial, lo demuestra el artículo 7 de esa misma ley que prevé el caso de sentencia “confirmatoria de la de los juzgados de primera instancia” y la corrobora el texto mismo del artículo 14 citado y de las leyes americanas de las que fue tomado desde el 24 de septiembre de 1789 Judiciary Act, Sección 25, hasta la Sección709 de los Estatutos Revisados y el Código Judicial de 1911, Sección 237, las que se refieren siempre a las sentencias finales in any suit, esto es, en cualquier pleito seguido ante los tribunales de justicia, o sean, los órganos permanentes del poder judicial (Fallos, tomo 119, página 364; tomo 128, página 314, Taylor jurisd. An Proc. of  U.S. Supreme Court §§ 183 y 184)

Que esa doctrina se infiere igualmente de las conocidas exposiciones de Story y de Marshall a que se hace referencia por el recurrente, particularmente en la del primero en la que se manifiesta exponiendo la opinión de aquella Corte “que el poder apelado de los E.U. se extiende a los casos pendientes de los tribunales de Estado, y que la Sección25 de la ley judicial que autorizó el ejercicio de esta jurisdicción en los casos determinados mediante un recurso de error, (writ of error) está sostenido por la letra y el espíritu de la Constitución.

Que en  la reforma de 1860 al suprimir de la Constitución del 53 la atribución que confería a esta Corte de conocer y de conflictos entre los diferentes poderes públicos de una misma provincia se hizo constar que “los choques entre ellos son definidos por un juicio político” por otros medios creados por sus respectivas constituciones”. (El Redactor de la Comisión reformadora Nº 8).

Que el mismo recurrente expresa que, “no se ha de pretender que la competencia de V.E. exista para rever los fallos de un tribunal político en lo que hace al fondo mismo en la cuestión en que en tiende corno juez. Aquella competencia se limita únicamente a analizar la composición del tribunal, a pronunciarse sobre la legitimidad de la autoridad que inviste y en virtud de la cual condena, en una palabra, a declarar, si, con arreglo a la Constitución y leyes nacionales y locales un grupo de hombres que sostienen ser autoridad y actúan, corno tal, lo son o no”, En seguida agrega: “No con fundamos, entonces, la cuestión sometida a V.E. por la vía del recurso extraordinario: ella se circunscribe a resolver, si el Senado de Salta, constituido en Tribunal,  es un Tribunal legal, o si por el contrario, funciona al margen de la ley, violando la Constitución Nacional y subvertiendo nuestras instituciones fojas 13 vuelta y 14.

Que si se reconoce la incompetencia de la Corte para rever por apelación, la resolución del Senado de la provincia de Salta, en el juicio político, directamente. tiene que reconocerse igualmente su incompetencia para hacerlo en una forma indirecta o sea juzgando la composición u organización del Senado que la pronuncio y que dependía de la aplicación de la Constitución y leyes locales, como lo reconocía la, ley de intervención que según se manifiesta a fojas 17 vuelta ordenaba la “integración del Poder Legislativo de conformidad con la Constitución de la Provincia y las leyes locales”, cuya  interpretación y aplicación están fuera del alcance del recurso extraordinario del articulo 14 de la ley 48, según el articulo 15 de la misma y lo reiteradamente resuelto.

Por ello y lo expuesto y pedido por el señor Procurador General se, declara improcedente el recurso. Notifíquese y repuesto el papel archívese. A. BERMEJO. – NICANOR G. DEL SOLAR. – D. E. PALACIO- J. FIGUEROA ALCORTA- RAMÓN MÉNDEZ-

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